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ACTUACIONES CONJUNTAS DE LA INSPECCIÓN DE TRABAJO Y SEGURIDAD SOCIAL. 2019-03-01
ACTUACIONES CONJUNTAS DE LA INSPECCIÓN DE TRABAJO Y SEGURIDAD SOCIAL.
Actuaciones conjuntas de la Inspección de Trabajo y Seguridad Social y la Tesorería General de la Seguridad Social Social dirigidas a detectar fraude en los procesos de gestión.

Los administradores pordrán ser declarados responsables solidarios del incumplimiento de obligaciones de pago de cotizaciones a la seguridad social, en base al artículo 15.3 de la Ley General de la Seguridad Social.

La TGSS tiene plena capacidad para derivar la responsabilidad por deudas al administrador, mediante procedimiento recaudatorio; podrá por tanto, iniciar un proceso "de derivación de responsabilidad" sin necesidad de tener que recurrir ante el orden civil, fundamentando su actuación en la aplicación de normas mercantiles (arts. 241 y 367). No obstante, si la TGSS no dispone de información necesaria para poder reclamar a través de esta vía, podría optar por acudir a la vía judicial.

En cuanto a la figura del administrador, es posible la exigencia de responsabilidad solidaria por deudas de la sociedad, sin ser necesaria la declaración de insolvencia de la sociedad, ni que estas hayan sido reclamadas previamente.

Pese a esto, hay que tener en cuenta que, para que se ponga de manifiesto esta responsabilidad, el ilícito debe de haberse cometido en el ejercicio del cargo del administrador. Es decir, si el administrador responsable ya ha cesado, no habrá de responder por estas deudas. ¿Cuándo se considerará que el administrador es responsable? Será responsable frente a teceros aquella persona cuyo nombramiento como administrador siga vigente en el Registro Mercantil.

Para poder exigir la responsabilidad debe cumplirse con los requisitos detallados:

- Actuación u omisión dolosa o negligente del administrador en el ejercicio de su cargo (no presentar concurso cuando se deba, encontrarse en situación legal de disolución y no llevar a cabo aquellas actuaciones que prevee la Ley de Sociedades de Capital, etc).

- Que se provoque una lesión directa del interés social o de un tecero.

- Que haya causalidad ebtre la actuación del administrador y el daño producido, entre los que se encuentra la dejación de las obligaciones y responsabilidaes mercantiles.

En cuanto al plazo de prescripción de la acción contra el administrador, no queda claro. Nos encontramos frente a dos posturas. La doctrina se encuentra divididaentre el plazo de un año, o bien, el plazo de cuatro años.

(Puede ponerse en contacto con nosotros para que le hagamos un análisis concreto de su situación).

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